Cuando todavía podíamos conversar un café, mi padre recordaba con cariño su paso por la Escuela de Derecho de la Chile. No llegó hasta el final porque en cuarto año decidió tomar otro rumbo. En su relato destacaba que, más allá de leyes y códigos, había aprendido a observar el mundo. Seguramente decía fue gracias a esos profesores que abrieron la puerta a la reflexión y que no temblaban a la hora de rajar a los flojos o a esos que se dormían en los laureles obtenidos en una prueba anterior. Precisemos que mi viejo no pertenecía a esa elite que los ideólogos del actual caos universitario sacan a colación cada vez que surge una crítica a la existencia de universidades mediocres. Para justificar la jungla, afirman que ahora las clases sociales históricamente postergadas pueden acceder a un nivel donde, al menos, reciben una manito de gato. Aunque sea un cliché, mi padre fue a una escuela primaria, usando un horrible overol marrón, y luego lo matricularon en el Internado Nacional Barros Arana.
En sus tiempos de estudiante de derecho andaba con los bolsillos vacíos, fumaba la marca que podía y se colaba en los tranvías. En su grupo de compañeros había otros rancagüinos y chillanejos que juntaban los pesos para "degustar" un pan embetunado con salsa de ají rojo. Pese a las pellejerías, todos esos patipelados tenían la convicción de que estaban recibiendo una formación que les serviría para siempre, incluso si no llegaban a obtener un diploma. No puedo dejar de contrastar la historia de esa certeza con la incertidumbre planteada por Urbano Marín, el presidente de la Corte Suprema, en torno a la calidad de la formación de los nuevos abogados. Una preocupación que también comparten algunos decanos de las "úes" tradicionales. Varias privadas que se sienten cuestionadas han salido al paso de esas críticas con argumentos plausibles.
Por ejemplo, que permanecer cinco años en una sala no garantiza la calidad, o que los profesores de las privadas tienen la misma excelencia académica que sus pares de las tradicionales. Otros manifiestan que no hay pruebas contundentes de la situación observada por Marín. Es probable. Pero hay otros datos que siembran la duda. Según "El Mostrador", cuando llegó la hora de titularse, los estudiantes de Derecho de la Universidad de Aconcagua recibieron reparos por parte del máximo tribunal porque los programas de enseñanza no daban la talla. No hubo graduación y la frustración fue la última escena de esa comedia de la búsqueda de un cartón donde sus protagonistas perdieron millones de pesos. Hemos escuchado muchas explicaciones sobre el tema de la calidad, y concedamos que en esta controversia todos podrían algo de razón. Sin embargo y apelando a un término que la crisis ha puesto en boga, esta situación origina una gran incertidumbre. Recogiendo el guante de aquellos que afirman que todo lo regula el bendito mercado. ¿Cómo reacciona éste cuando recibe señales absolutamente contradictorias? Huelga decir que es con gran desconfianza. ¿Qué sucede con el ciudadano que no tiene contactos ni dinero para acceder a los mejores abogados de la plaza, y entra a la oficina de un profesional sin mayor reputación y diplomado en una de las privadas cuestionadas? ¿Se sentirá seguro de su elección? Ni hablar de los estudiantes que pagan preuniversitarios y luego firman pagarés a tajo y destajo para financiar una carrera cuyo destino es incierto.
¿Además de conocimientos propios de la profesión, reciben una formación integral que vaya más allá de obtener un pasaporte para ganar dinero? Con tantas dudas me habría sido útil contar con la opinión de mi padre, pero estoy seguro que ya no puede responder. //LND
