A mediados de mayo, los destacados creadores audiovisuales Ignacio Agüero y Francisco Gedda, junto con los presidentes de la Asociación de Documentalistas y de la Asociación de Directores y Guionistas, realizaron una conferencia de prensa a la cual no asistieron los canales de televisión abierta. Tampoco concurrieron periodistas de las grandes cadenas de diarios nacionales y sólo se hizo presente una que otra radio. En esa oportunidad se intentó hacer pública una grave violación a la libertad de expresión: la incautación por parte de la Policía de Investigaciones del material fílmico de "Newen Mapuche", película en proceso de elaboración que trata sobre el conflicto indígena que hace años se arrastra en el sur del país, cuya autora es la detenida realizadora Elena Varela. La gran mayoría de los chilenos no conoció en ese momento esta denuncia, y yo tampoco. Sólo unos días después, gracias a un correo electrónico que me envió un conocido, pude acceder a la grabación de la conferencia de prensa, a través de YouTube.
El darme cuenta que no me había enterado de una arista importante de una noticia relevante a pesar de que sigo con atención la agenda informativa me causó un cierto malestar. Me había quedado con el relato más básico, que hablaba sólo del arresto de los autores del asalto a una sede del INP en Machalí, entre los cuales se encontraba una directora de cine. Desde esta óptica se trataba de un hecho de carácter policial y un pequeño escándalo político. La realidad descrita era la siguiente: Elena Varela había colaborado con los autores del atraco, ocurrido en junio de 2005, era mirista y estaba realizando un documental financiado por el Fondart al momento de ser capturada, el 7 de mayo. De inmediato estalló el debate. No es posible que el Estado financie, aunque sea indirectamente, el accionar de grupos delictivos-terroristas, se expresó. El vocero de Gobierno apareció en los noticiarios defendiéndose de los ataques de diputados de la UDI, quienes exigieron que se soliciten los antecedentes penales de quienes postulan a los recursos fiscales destinados a apoyar las artes y la cultura. La polémica, en todo caso, no dio para mucho, apenas para una o dos notas por cada canal de TV. Durante mayo, la erupción del volcán Chaitén monopolizó el interés de los medios y había muy poco espacio para otros temas.
El domingo recién pasado, el caso de Elena Varela emergió desde las profundidades del olvido periodístico. El noticiario central de Chilevisión emitió un reportaje titulado "Derecho vulnerado", en el cual se hacía una lectura muy distinta de la situación que aqueja a la documentalista. El foco estaba puesto en las negativas consecuencias para las libertades de expresión y creación que implica la confiscación de un registro audiovisual a través del cual se entrega una versión sobre un problema de interés nacional, como es el conflicto mapuche. Concuerdo con la postura del canal de Sebastián Piñera. Es posible que la visión de Varela sobre las reivindicaciones del mundo indígena sea subjetiva, sesgada y parcial, pero ella tiene el derecho a hacer pública su voz y los chilenos a conocerla. Ahí está el quid del asunto. Aunque ella haya participado en un asalto y sea militante del MIR cuestiones que la imputada niega , eso no da pie para que una autoridad del Estado pueda condenar al anonimato su mirada sobre un aspecto importante de la realidad del país. Tampoco es legítimo que el material de trabajo de una documentalista sea utilizado con fines de inteligencia policial, y muchos menos que ella sea sometida a torturas al interior de un recinto carcelario, como se denunció en la nota.
Estamos en presencia de un deliberado y sistemático ejercicio de ocultamiento informativo, que ha sido sostenido durante casi dos meses, con la honrosa excepción de Chilevisión. La conferencia de prensa citada al comienzo, las diversas manifestaciones a favor de Elena Varela y los reclamos de Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han sido pasados por alto por la mayoría de los noticiarios de TV, sin merecer siquiera una breve cápsula noticiosa. ¿Qué motiva esta decisión? Claramente, no hay fundamentos periodísticos que la justifiquen. Los actores e instituciones que han encabezado las denuncias son fuentes serias y creíbles, y el tema tiene implicancias de primer orden para el desenvolvimiento de una sociedad democrática como Chile.
Este fenómeno de silenciamiento hace necesario preguntarse acerca de los criterios de configuración de su oferta de contenidos del periodismo nacional. En su libro sobre la gestación de la prensa moderna en Chile a fines del siglo XIX, Eduardo Santa Cruz y Carlos Ossandón señalan la existencia de tres dimensiones que definen la estrategia de un medio de comunicación: "Una ideológico-cultural, otra específicamente relacionada con la producción periodística (sus técnicas, géneros y estilos), y una tercera que dice relación con el financiamiento y la sustentación económica". En el mundo mediático de hoy, donde pareciera que todas las decisiones editoriales están dominadas por la lógica de la rentabilidad comercial y donde la prensa partidista e ideológica sería un mero objeto de museo, hay que recordar que las razones políticas siguen operando en la definición de lo que es digno de ser o no ser noticia. Así lo sugiere el caso de Elena Varela.
