En Chile, las realidades sociales, políticas y económicas y sus respectivos devenires están atravesando por situaciones delicadas y no exentas de posibilidades de agravamiento. La declinación potencial del actual estado de cosas está sujeta a variables múltiples y algunas de difícil manejo porque se originan en el exterior. Pero una de esas variables, y muy influyente en las perspectivas del agravamiento, es de entera responsabilidad nacional y, más específicamente, de la política nacional. En efecto, no se ve una preocupación y un accionar político proporcional a las potencialidades críticas futuras que se incuban en el presente. Peor aún: el cuadro político que está rigiendo en la actualidad no sólo no está ayudando a la prevención de un posible recrudecimiento de los factores negativos que hoy muestra el país, sino que, incluso, pudiera considerársele como un obstáculo para la superación de éstos y hasta, quizás y en momentos, como un componente de las dificultades.

Inflación elevada y probablemente al alza, crecimiento económico modesto y con perspectivas a la baja y un estado de ánimo social que promueve desafecciones, criticismo y movilizaciones, son los ingredientes básicos que subyacen como fórmula que propende a subir los índices de conflictividad social.

Pero esos indicadores son mucho más serios si se los lee en el contexto histórico en el que se dan y que puede tender a amplificar sus significados y expresiones. Se señalan a continuación algunas áreas que componen ese contexto.

En primer lugar, el modelo de crecimiento ha perdido dinamismo y las causas están más cerca de lo estructural que de lo circunstancial y de lo microeconómico. El de por sí escaso dinamismo se reduce cada vez más a grandes pero pocas y concentradas inversiones en dos o tres rubros (minería, energía, etc.) y a las exportaciones tradicionales. El aparato exportador no es ya el "polo de crecimiento" que fue. Su capacidad expansiva e integradora es cada vez menor y fluctuante y su "tiraje" es claramente insuficiente para estimular mejoramientos en la calidad del resto del aparato productivo.

En segundo lugar, Chile ha frenado o estancado sus procesos modernizadores. Y esto ocurre tanto en el ámbito público como en el privado. Por supuesto que se siguen comprando e instalando aparatos modernos. Pero las modernizaciones son algo más que eso. Entre otras cosas, requieren también de capital social idóneo, de una culturización moderna de instituciones y corporaciones y de una interrelación entre las "partes" modernizadas, de suerte tal que constituyan efectivamente un proceso y un sistema modernizador. Especialmente esto último es lo que no se observa hoy en el país.

En tercer lugar, la estructura de la demanda masiva se ha modificado cualitativamente. La sociedad chilena ha internado una culturización del "consumo moderno". Así, por ejemplo, los pobres no aspiran sólo a salir de la pobreza en el sentido básicamente cuantitativo, sino que ambicionan también incorporarse al estatus moderno de vida. Y los estratos medios anhelan mantenerse dentro de un consumo moderno que amplía sin cesar sus ofertas.

En cuarto lugar, Chile está en una fase de reactivación de su sociedad civil, pero de una reactivación que presenta varias peculiaridades y que responden precisamente a fenómenos de la modernidad. En efecto, y dicho muy en resumen, es una reactivación:

en la que sus motivaciones entremezclan típicas reivindicaciones con lo que algunos llaman "molestias de la modernidad", o sea, molestias causadas por los acomodos a los célebres cambios cultural-valóricos que entrañan las modernizaciones,

en la que sus expresiones y movilizaciones reflejan las heterogeneidades de los mundos masivos, y

en la que la discursividad, organización y liderazgos de esas expresiones reúnen características difusas, pero claramente no tradicionales y, por ende y en gran medida, sin mecanismos usualmente conocidos de interlocución y negociación.

En definitiva, si se analizan los problemas coyunturales (inflación, movimientos sociales, bajo crecimiento, etc.) a la luz de estos componentes más estructurales, no es difícil concluir, primero, que en Chile hay un sustrato objetivo que torna latente un incremento de la conflictividad social; segundo, que esa misma conflictividad puede llevar a una conflictividad política mayor, y tercero, que no hay congruencia entre esos riesgos y las conductas políticas, particularmente partidarias, del día a día.

Chile tiene problemas estructurales que están pesando hoy en una realidad nacional que no es de las mejores y que pudiera empeorar. Y las cuestiones estructurales son de magnitud suficientemente compleja como para que la política se sienta exigida hoy de hacerse responsable de su solución en términos político-históricos. Sin embargo, el acontecer político cotidiano dista de una actitud de esa naturaleza. Lo que domina en el escenario político es una infinidad de competencias odiosas entre los más variados actores y en el que las propuestas no están pensadas para resolver problemas, sino para ganar electores.

Chile no está exento de la posibilidad de enfrentar una crisis álgida. Si la enfrentara, la política y muchos de sus agentes habrán sido un factor causante.

Publicado con autorización del Centro de Estudios Sociales Avance (www.centroavance.cl)