Nadie dice que la familia, amigos y colaboradores del fallecido Augusto Pinochet no tenga en sus manos dineros mal habidos producto de las operaciones del ex dictador y que se conocieron públicamente cuando dejaron de ser secretas las cuentas del Riggs. Sin embargo -estando el general convertido literalmente en cenizas- la ley protege a su clan, que por no haber detentado la calidad de funcionarios públicos a cargo de cautelar los recursos del Estado no pueden ser imputados por el delito que persigue el juez Carlos Cerda.

Así lo consideraron los magistrados de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revisaron el proceso y acogieron los recursos de amparo en favor de cuatro de los hijos y la viuda de Pinochet, además de ex uniformados que colaboraron estrechamente en la dictadura. El único hijo que no recurrió al amparo fue Augusto, quien sigue en proceso.  

El dictamen argumenta que la ley señala que “el empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares, en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado”, y como acá no hay tales funcionarios se ciñe al pie de la letra del articulado.  

Sí desempeñaron ese rol los ex uniformados Guillermo Garín y Jaime Lepe, pero la corte también los sacó del banquillo de los acusados. En el caso de Garín se señala que “sólo  registra giros efectuados a quien lo sucedió como Jefe de la Casa Militar, a cargo de la administración de los fondos reservados”. En cuanto a Lepe, uno de los tres secretarios Generales del Ejército  entre 1981 y 1997, se dice que no hay antecedentes que lo vinculen con alguna operación antijurídica.  

Así, los magistrados acogieron el recurso interpuesto por la defensa de Lucía Hiriart de Pinochet y de sus hijos Verónica, Jacqueline, Marco Antonio y Lucía. También acogieron la presentación efectuada por las defensas de Ambrosio Rodríguez, Oscar Aitken, José  Sobarzo, Jaime Lepe, Guillermo Garín, Guillermo Letelier Skinner, Juan Romero, Sergio Moreno,  Patricio Madariaga y Mortimer Jofré Azuaya. En el caso de estos dos últimos el tribunal anuló el procesamiento de oficio.  

No obstante, los jueces Juan Eduardo Fuentes, Mauricio Silva Cancino y Dobra Lusic determinaron mantener encargados reos a Gustavo Collao y Eduardo Castillo Cádiz.  

El fallo señala que los ahora amparados, al no ostentar la calidad de funcionarios públicos “pueden intervenir, pero sólo como partícipes, o como co-autores o inductores”, lo cual a juicio de los magistrados “no puede abordarse en una acción urgente y extraordinaria”, por lo que no se justificará la detención y el arraigo del clan.  

Añade como fundamento, y dura crítica al accionar del juez Cerda, no haber efectuado los interrogatorios correspondientes ni haber dado oportunidad a una defensa con presentación de pruebas, cuestión que habría llevado bastante más tiempo y que no habría permitido fichar procesalmente a los Pinochet.  

Más aún, el texto apunta que ninguno de ellos ha dado señales de tener “conocimiento y voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos; no han sido preguntados acerca de la existencia de gastos reservados, ni sobre el manejo de los mismos, ni acerca de otras circunstancias fácticas relacionada con éstos”.   

Y como si ello fuera poco, las vueltas de la vida llevaron a los familiares y colabores del fallecido ex dictador a reclamar el respeto de los derechos humanos. El fallo que anuló los procesos sentencia que no se permitió una defensa adecuada según establece la legislación chilena y de acuerdo a lo estipulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que Chile firmó en 1969 y que sólo ratificó al término de la dictadura, en 1990.  

Apelación  

Mientras el juez Cerda apenas destinó una ironía para reaccionar ante el fallo, los abogados querellantes manifestaron que apelarán ante la Corte Suprema.  

Cerda respondió a las consultas de la prensa con un leve arqueo en los labios: “No tengo nada que declarar, nada que declarar. ¿Tengo cara de dolido? Hasta luego".  

Y puede ser que sea efectivamente “hasta luego”, pues será la Sala Penal del máximo tribunal la encargada de definir el destino procesal de los ahora amparados por fallo de la Corte de Apelaciones.  

El abogado Alfonso Insunza dijo que le resulta “sorprendente y extraño” el veredicto de los magistrados que dejaron sin efecto el proceso por malversación de caudales públicos en contra del clan Pinochet.

Sostuvo que "está acreditada la red financiera, están acreditadas las personas que participaron ayudando a ocultar los dineros y a enriquecerse ilícitamente el general Pinochet y su familia y, por lo tanto, el delito está acreditado".  

Y recalcó que “tanto es así, que se mantiene el auto de procesamiento de dos personas", en referencia al rechazo a los amparos presentados por el abogado Gustavo Collao y el coronel en retiro Eduardo Castillo Cádiz.  

La procuradora fiscal de Santiago, María Teresa Muñoz, que representa al Consejo de Defensa del Estado, optó por no asistir a la audiencia pública, anunciada hace dos días por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.  

Cuentas alegres  

Por el contrario, la alegría inundó a los amparados y sus abogados defensores, quienes se felicitaron por la acción que permitió anular el proceso que llevaba adelante el juez Cerda, a quien han cuestionado en sus funciones.  

Lucía Pinochet Hiriart -quien reafirmó su intención de postularse como candidata extra aliancista por Las Condes- dijo que en este caso “prevaleció la justicia, porque lo que hizo el juez Cerda fue una cosa insólita".  

Recalcó los argumentos que sostienen el amparo, apuntando que “nunca trabajé para el gobierno y no me pueden juzgar como funcionario público ( )  Todo el mundo, sin ser abogado, (sabe que) si uno no es funcionario público no lo pueden juzgar como funcionario público por malversación de caudales públicos”.  

Para el abogado Hugo Ortiz de Filippi, lo que hubo fue “un error judicial” que se viene a corregir con el fallo de la Corte de Apelaciones. “Esto es recuperar la fe y la confianza en la Justicia, que les hemos dicho a nuestras clientas que tienen que tener siempre", apuntó.  

El jurista sostuvo que "un error judicial no significa más que eso y se repara por la vía del recurso" y añadió que “esperamos que no tengamos ninguna otra sorpresa”, anunciando que pedirá en los próximos días “el sobreseimiento definitivo parcial” de Lucía Pinochet para que pueda dedicarse a “preparar su postulación a diputada".