Este lunes, y tras más de un año de espera, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidirá si procesa o exime de responsabilidad a cinco ejecutivos del Casino de Juegos de Iquique que fueron acusados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de cometer millonarios delitos tributarios. El grupo de acusados, cuyo procesamiento fue denegado por un tribunal de primera instancia, está encabezado por Miguel Bauzá Fredes, de 63 años.
La historia se remonta a 1991, cuando Bauzá, abogado de profesión, se adjudicó la explotación de la concesión del mencionado casino, la que ejerció hasta el 2005, a través de diversas sociedades, entre ellas Payero y Cía. y Juegos Electrónicos S.A.
La investigación del SII, que se inició en 2004 por una denuncia que hizo el propio Bauzá por el supuesto robo de más de 400 millones de pesos en fichas desde la bóveda del casino, estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del organismo, y se centró en el período comprendido entre 2000 y 2003.
Además de lo que ocurrido con el supuesto robo, la pesquisa de los fiscalizadores se encontró con varias otras sorpresas.
La primera fue que la sociedad concesionaria durante todos esos años, Juegos Electrónicos S.A., tuvo varias modificaciones en su estructura de propiedad, sobre todo a través de la venta de acciones a otras cinco empresas, pero que éstas siempre estuvieron vinculadas a las mismas personas que conformaban la sociedad original: Bauzá, Jacobo Kravetz Miranda, Luis Fuentealba Meier y Arturo Yussef Rivers. Kravetz es el mismo ejecutivo que acaba de ser formalizado por manipulación bursátil y otras infracciones a la Ley de Valores en el caso de la carbonífera Schwager Energy.
Según la querella, presentada por el anterior director del SII, Juan Toro, en el 33er Juzgado del Crimen de Santiago, de los movimientos y traspasos entre ellos se logró descubrir que la concesionaria realizó operaciones concertadas para el “registro, declaración y utilización de facturas y boletas de honorarios falsas, por servicios inexistentes; han aumentado artificial e ilícitamente el crédito fiscal asociado al impuesto al valor agregado, con el fin de encubrir retiros de utilidades”.
Respecto a las mencionadas facturas falsas, se acreditó que se utilizaron 23 de estos documentos, de nueve empresas proveedoras, además de boletas de honorarios falsas emitidas a favor de esposas de gerentes y de otras empresas, por servicios que nunca fueron efectuados.
Algunas de las empresas que figuran emitiendo facturas cuestionadas son Ahumada Consultores Financieros, con 78 boletas por un total de 138 millones de pesos, y Payero y Compañía, calificada por el SII como “de papel”, y que tuvo por objeto “engañar al fisco” por 16,7 millones de pesos.
También aparecen servicios legales ofrecidos por la firma Araya Abogados, por 4,36 millones de pesos, y otros brindados por Patricio Gutiérrez Fajardo (por 10,255 millones de pesos) y Mirta Dubost Jiménez (con 13 boletas por 31 millones de pesos). Esta última, que según el SII aparece prestando servicios que nunca existieron, es la actual alcaldesa de Iquique, puesto al que accedió en abril pasado, tras la destitución de Jorge “Choro” Soria. Entre 1986 y 1992, Dubost fue la alcaldesa designada por Pinochet en Iquique, cargo que perdió en la primera elección democrática precisamente frente a Soria. Después se mantuvo intermitentemente en el municipio como concejala.
FICHAS SIN CONTROL
La investigación también reveló que, al menos durante los tres años que fueron fiscalizados por el SII, se realizaron operaciones ajenas al giro de la empresa y se ocultaron registros contables de dinero.
Cuando se produjo el supuesto robo de fichas, el mismo Bauzá pagó para que se realizara una auditoría externa. El encargado de hacerla fue el contador Hugo Rodríguez Marchant, cuyo peritaje ha sido fundamental para sustentar la querella.
En la auditoría, señala el libelo, “se pudo establecer la existencia de irregularidades en los controles internos y contables de los dineros ingresados a la bóveda del casino, que dan cuenta de diferencias por una suma de 418 millones de pesos, entre 2001 y 2002”. A esto se agrega que, ampliada la investigación al 2000, se descubrieron 300 millones faltantes más, y que en el período enero-junio de 2002 se registró que “los montos de dinero que salen [diariamente] de la bóveda son mayores de los que se ingresan”.
Frente a esto, el SII planteó tres hipótesis respecto a qué podía haber ocurrido. La primera es que se hayan sustraído fichas de juego, sobre las cuales, según la auditoría, “no existía control”. Según esta teoría, en el primer semestre de 2002 se perdieron fichas por casi 156 millones de pesos, las que habrían sido canjeadas por caja.
El SII también cree que la apropiación indebida de las fichas es una posibilidad real, debido a la carencia de controles internos: la bóveda no informaba la rendición de cada juego, la que quedaba a cargo del gerente de juegos, Sergio Argomedo. Esto, a juicio de los fiscalizadores, “vulnera toda norma de control de gestión interna de un casino”.
Dentro de la investigación, también se considera como perjuicio fiscal la venta de acciones de Juegos Electrónicos S.A. a otras dos sociedades pertenecientes a Jacobo Kravetz, creadas “sin el ánimo de efectuar actividades o giros comerciales reales y que han realizado traspasos falsos de acciones”.
UTILIDADES ENCUBIERTAS
Uno de los hechos en los que se basa la denuncia del SII es que, según se detalla en la querella, los socios de la empresa dueña del casino crearon cuentas de activos para “encubrir los retiros efectuados por los accionistas (…) con el único fin de ocultar la base imponible y evadir el impuesto único”. Las cuatro cuentas se denominaban “anticipo de proveedores” y eran dos para Bauzá, otra para Kravetz, y la última para Arturo Yussef y su hermano Iván.
El contador Rodríguez declaró ante el Servicio de Impuestos Internos que los accionistas realizaban retiros de dinero sin dejar constancia de ello en sus cuentas corrientes personales, para así obviar la tributación. Y el organismo fiscalizador, apoyado por informes de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la policía civil, señala que la creación de este mecanismo “corresponde al procedimiento ideado por los accionistas de Sociedad Juegos Electrónicos S.A.”, aunque también denuncian la participación de tres gerentes.
Cuando finalizó la investigación y el SII determinó que los perjuicios fiscales ascendían aproximadamente a cuatro mil millones de pesos, Bauzá y sus socios decidieron evitar el pago de la deuda, para lo cual vendieron la propiedad a la familia Fuentealba Meier. El traspaso implicó que los nuevos dueños pagaran parte de la deuda (2.300 millones de pesos) con el fisco y que, a cambio, se les condonara el resto.
“En el contrato de venta hay una cláusula para que el comprador asuma el riesgo tributario. De este modo se pagó una parte y se la descontaron de la carga tributaria. Por lo tanto, aquí no hay delito”, explicó a LND el abogado de Kravetz, Eduardo Contreras.
Pero desde el SII la opinión es distinta. Una alta fuente del organismo señala que “aunque se pague la deuda, el delito no se extingue. A lo más, con el pago se puede establecer una atenuante para la condena, pero el delito y la responsabilidad penal siguen existiendo”.
El caso de Bauzá y sus socios no es el único de características similares y que está a la espera de una resolución de los tribunales. En una situación similar se encuentran varios personajes públicos que han sido procesados por irregularidades tributarias, como Checho Hirane, Mario Mauriziano y la familia Pinochet. Los jueces tienen la palabra. LND
