Por Betzie Jaramillo
Han dejado mudo a medio país, incluido el Gobierno. Más de 100 mil jovencitos y jovencitas han emplazado a las autoridades exigiendo una mejor educación pública. Las peticiones iniciales hablaban de gratuidad del pase escolar y de la PSU. Pero tras la escasa mención sobre el conflicto que la Presidenta hizo en su discurso del 21 de mayo, tomó forma una revisión más completa de su situación y saltó a los discursos la exigencia de la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), el último amarre que firmó Augusto Pinochet horas antes de dejar de ser el dictador. El 10 de marzo de 1990 puso en su pastel esta particular guinda que rige, y afecta, hasta hoy a la educación chilena. Pero las ataduras se están aflojando.
La LOCE, en pocas palabras, restó el protagonismo del Estado en la educación y convirtió a ésta en un sector económico más, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda como cualquier otro. Se suponía que esta libre competencia mejoraría la calidad. Y los colegios públicos pasaron a ser de las municipalidades, que competían con los colegios particulares subvencionados y los colegios privados –sin subvención estatal– para las elites.
Son 30 mil pesos mensuales por alumno los que entrega el Estado a las municipalidades y a los empresarios (lo que disminuye en caso de que el alumno, por enfermedad u otra razón, no asista regularmente a clases) y que se destinan a sueldos de profesores y los gastos del colegio. Como señala Jenny Assael, académica de la Universidad de Chile e investigadora en educación, “éste es el único país del mundo en que el Estado entrega fondos públicos sin ningún control a los sostenedores privados que tienen fines de lucro”.
El ingeniero y economista Manuel Riesco afirma que “hay que derogar la LOCE y ponerla en el museo del horror”, y añade: “Esto que está sucediendo es maravilloso y es un reflejo de algo más profundo. La gente está convencida de la necesidad de cambio y que no se puede seguir como hasta ahora”. El senador socialista Camilo Escalona también se sumó al rechazo de la ley: “Siento que la situación ha cambiado tan radicalmente como para hacer posible que odiosos enclaves, como esta Ley Orgánica de Educación, se puedan modificar”. Y los apoyos a los estudiantes y el rechazo al sistema de educación chileno se precipitaron en cascada a medida que la movilización se fue convirtiendo en el fenómeno más destacado en años. Lentamente, la resignación con que se asumió el sistema educacional como algo inamovible se ha puesto en cuestión y han sido los “pingüinos”, que ni siquiera han tenido otra experiencia educacional que ésta, los que están provocando esta revisión.
DE VÁNDALOS A HÉROES CIUDADANOS
Sin embargo, sus padres sí saben que hubo un tiempo en que la educación no era un negocio sujeto a las leyes del mercado. Quizás por eso, los mayores no están armando ninguna alharaca por las protestas de sus hijos. Más bien los apoyan, como mucha de la gente que pasa frente a los liceos en paro o en toma y los felicitan y los animan a no rendirse. Porque uno de los aspectos más sorprendentes de este movimiento estudiantil es cómo la percepción ha dado un giro de 180 grados en pocos días, desde las acusaciones de vandalismo –“¡destruyen la ciudad y van encapuchados!”– y su correspondiente represión policial y sus cientos de detenidos, que se sumaban a las duras declaraciones oficiales, hasta hoy en que las autoridades ofrecen dialogar sin demasiados requisitos. Pasaron de ser los malos de la película a ser la vanguardia a un nuevo trato de los conflictos. Y, en gran medida, por la habilidad extraordinaria que mostraron los alumnos de los liceos públicos de salir de la calle y encerrarse en sus establecimientos, sin dar posibilidad alguna a guanacos, lumazos y gases. Y el debate quedó servido en la mesa.
Un poco de historia no viene mal para entender lo que sucede hoy. No fue casual que los militares hincaran sus dientes con especial ferocidad en la educación pública. Chile era vanguardia en América Latina hasta el ’73. Desde esa fecha al ’82, el número total de matrículas descendió en 100 mil. Y para el año ’90 el sistema público había perdido medio millón de alumnos, una regresión pocas veces vista en el continente. Ya en democracia, de cada cinco plazas creadas en la enseñanza básica y media, cuatro correspondieron a colegios particulares y sólo una a establecimientos municipales. Y si en 1981 los colegios públicos representaban el 78% de la matrícula, hoy son alrededor del 50%. El resto es negocio privado. Y se lo reparten un 41% los particulares subvencionados y un 9% los privados a secas.
Lo que les sucedió a los profesores del sistema público clama al cielo. No sólo fue uno de los sectores más maltratados por la dictadura, sino que la mitad de ellos renunció al servicio público y se fue a los colegios privados. El castigo económico no fue menor en esta decisión masiva. Sus sueldos se redujeron en dos tercios durante la dictadura, mientras el del resto de los asalariados sufrió una merma del 50%. Y el lugar preferente donde se formaban los profesores, el Instituto Pedagógico, fue desgajado de su casa madre, la Universidad de Chile. Y así sigue hasta hoy. Por eso, las voces que insisten en que la mala educación es culpa de los profesores habría que matizarlas mucho al ver la crudeza de estas cifras. El maestro, antes visto como uno de los motores del desarrollo del país, pasó a ser una profesión empobrecida y desprestigiada. Según Manuel Riesco, esto se debe al ensañamiento de la dictadura y la derecha, que siempre vieron en el maestro un peligroso elemento subversivo que sacaba de la ignorancia al pueblo.
EL MERCADO NO FUNCIONA
La Ley 18.962, la LOCE, sentenció este vuelco de la educación pública. E independientemente de cómo y quién la elaboró, los malos resultados, por sí solos, merecen su profunda revisión. Las leyes del mercado, ese vendaval que azotó todo lo que oliera a Estado, no ha funcionado en la educación, aunque sí ha engordado los bolsillos de los empresarios que se acogieron al artículo de la Constitución que reconoce: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, y que esta libertad “no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.
La prueba internacional TIMMS, que mide los conocimientos de los alumnos de octavo básico en ciencias y matemáticas en 49 países, dejó a Chile en los últimos puestos, similar a lo conseguido por los alumnos de Egipto, Indonesia, Marruecos, Filipinas y Palestina. La prueba nacional Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) certifica cada año la mala calidad de la educación pública, en la que sólo el 10% de los alumnos de los sectores socioeconómicos medio bajo y bajo superaron los 300 puntos. Algo parecido sucede con la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Del universo de los 100 colegios con mejores puntajes en la PSU, en su casi totalidad (97) son particulares, y sólo tres municipales, y de Santiago: Instituto Nacional, Liceo Carmela Carvajal y José V. Lastarria; los tres lideran la movilización estudiantil. De más está decir que esos colegios particulares tienen una cuota mensual que supera ampliamente el salario básico de un trabajador chileno. Y sentencia el futuro de los niños más pobres dejándolos fuera de las posibilidades de prosperar y confirma la desigualdad haciéndola crónica.
“Actores secundarios”
La propia escenografía en que se desenvuelve la educación pública tiene el aspecto de los restos de un naufragio. Salas frías, techos con goteras, sillas desvencijadas, baños apestosos, puertas rotas, contribuyen al desánimo. “No hay plata”, gritan las municipalidades que tienen a su cargo estos establecimientos cochambrosos. “Apenas tenemos para pagarles a los profesores”, dicen los alcaldes. La paradoja se vuelve cruel cuando el Estado no tiene ninguna posibilidad de destinar fondos a mejoras en los colegios públicos porque eso sería “competencia desleal” con los particulares subvencionados. Y la miseria acarrea más miseria en una espiral depauperada y contagiosa que deprime por igual a alumnos y profesores. Y a los padres no les queda otra que aguantar, y no son pocos los que llevan su pobreza con culpa por no poder ofrecerles nada mejor a sus hijos.
Pero han sido sus hijos los que decidieron encarar el sistema en esta movilización donde los adultos apenas se ven. Y la opinión pública se ha ido formando una idea de quiénes son y qué quieren, a pesar del erróneo tratamiento informativo inicial. Y también han conseguido que el Gobierno, incluido el ministro Martín Zilic –que ya acepta dialogar con los estudiantes movilizados– modere su tono para empezar a verlos como ciudadanos con derechos y no sólo como delincuentes en potencia. Es un buen síntoma. Y hay que agradecerles a estos “pingüinos” la lección que han dado a los mayores. Hijos de la democracia, sin la pesada carga de haber padecido la dictadura, ellos parecen tener una idea de la dignidad personal que a veces los adultos han postergado para “no hacer olas”.
Muchos de estos liceanos alzados han visto el conmovedor documental “Actores secundarios”, el único precedente en décadas de colegiales protestando, que se enfrentaron en los ’80 al régimen militar. Y pagaron un alto precio por su audacia. Conmovieron a los chilenos, pero como ellos mismos reconocen 20 años después, jamás nadie los llamó a participar en las tareas de reconstrucción y Gobierno del país. Ingratos todos. Pero estos del siglo XXI parece que pueden tener otro destino, y si la vida nos da la oportunidad de seguir vivos dentro de 20 años, es muy probable que veamos cómo estos dirigentes de colegio sean mañana los que tengan responsabilidades mayores. La camada promete. Después de todo, ellos fueron engendrados al calor del entusiasmo de los primeros años de la democracia. LND
